subject: La Inpunidad De Los Gobernantes Latinoamericanos Y De Usa [print this page] Author: Juan Esteban Yupanqui Villalobos Author: Juan Esteban Yupanqui Villalobos
LA IMPUNIDAD DE LOS GOBERNANTES EN LATINOAMERICA Y USA A propsito de la sentencia confirmatoria a Kenya Fujimori. En muy pocos casos la justicia latinoamericana y nunca se puede decir en el caso de Estados Unidos se ha condenado a un gobernante por los mltiples casos de violacin de derechos humanos. Fujimori es el primer condenado aparente de la justicia en un caso de violacin de los derechos humanos en el caso la cantuta barrios altos y el secuestro de empresarios y periodistas. Pero en el Per hay muchsimos gobernantes que han quedado impunes como es el caso de Morales Bermdez que fue y es un agente internacional de la CIA puesto como presidente de facto en el quinquenio del 75 al 80, con la finalidad que la Oligarqua peruana recuperara sus bienes que les fueron devueltos, el decir confiscados es un eufemismo ya que la oligarqua se hizo dueo de las riquezas a expensas de la pobreza de las poblaciones indgenas que eran sus verdaderos propietarias y que a travs del coloniaje se confisco realmente a los pueblos originarios, aparte del etnocidio cultural y social que los sometieron con la finalidad de proteger sus latrocinios. Pero que es el Plan cndor? El Plan Cndor fue un macabro plan de terrorismo internacional aplicado en Sur Amrica durante los aos 1970's-80's, y diseado por el gobierno de Richard Nixon con la ayuda de sus asesores Henry Kissinger y Vernon Walters para detener el aumento de los movimientos sociales de entonces. Posiblemente dirigido desde la Escuela de las Amricas -entonces ubicada en Panam- este plan fue aplicado por las dictaduras militares derechistas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Per. El Plan Cndor caus el asesinato, desaparicin, tortura y encarcelamiento de cientos de miles de ciudadanos de esos pases, cuyo nico delito fue el pertenecer a grupos polticos de izquierda y organizar la oposicin contra esas dictaduras militares. El Per de ese entonces vio horrorizado como estudiantes y ciudadanos argentinos eran secuestrados por los servicios de Inteligencia nacional del cual eran participes su jefe el coronel Felipe Martnez Garay, cuya intervencin se confirma con los relatos de ex agentes que dieron esta versin para el periodista Santiago Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito, donde expone muchas evidencias de la participacin peruana, por supuesto con la anuencia del Presidente de facto de ese entonces Remigio Morales Bermdez de su Premier Pedro Ritcher Prada y otras autoridades de alto nivel. Ni que decir del genocida Alan Garcia, que tiene un rosario de delitos pero que por la impunidad y sus amigotes en el poder Judicial sigue impune sus delitos cometidos como el caso de acomarca. Que sucedi a los quince das de instalado el nuevo gobierno, el 14 de agosto de 1985, como respuesta a una serie de emboscadas senderistas, se pone en prctica la "Operacin Huancayoc". As, un contingente del Ejrcito comandado por el sub?teniente Telmo Hurtado, atac la aldea de Accomarca en el departamento de Ayacucho. 69 campesinos murieron durante el ataque, incluyendo algunas mujeres y nios. Antes, el 7 de agosto, cinco hombres y dos mujeres que haban sido detenidos en un operativo militar fueron llevados a la zona de Pucayacu en un camin del Ejrcito por un contingente al mando del teniente De la Cruz Salcedo. Los detenidos fueron asesinados con disparos en la nuca. Ms tarde se pudo establecer que hablan actuado por rdenes del teniente coronel David Lama Romero, jefe poltico?militar de Huanta. La reaccin presidencial frente a los sucesos de Pucayacu y Accomarca fue rpida y enrgica. El 15 de septiembre, el Presidente le pidi la renuncia al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Csar Enrico Praelli, despus que l negara pblicamente estos sucesos y los atribuyera al oportunismo de los polticos. El presidente orden, asimismo, que el Comando Conjunto compareciera ante la Comisin de Derechos Humanos del Senado. El 17 de septiembre, se presentaron los generales Sinesio Jarama Dvila, comandante de la Zona de Seguridad del Centro y Wilfredo Mor Orlo, jefe poltico?militar de la Zona de Emergencia de Ayacucho. Sus testimonios fueron evaluados como insuficientes y no ofrecieron respuesta sobre los hallazgos. Esa misma noche, el gobierno anuncio el cambio del general Jarama a otro puesto y el pase a retiro de Mori. A fines de septiembre, la Comisin de Derechos Humanos del Senado, presidida por Javier Valle Riestra, viaj a la zona de la masacre y entrevistaron al sub?teniente Hurtado quien se mostr desafiante en sus respuestas, llegando incluso a justificar el crimen "en defensa de Los polticos y de la democracia". Luego de un trabajo bastante sostenido y rpido la Comisin evacu su informe. En el de mayora, se defenda la tesis de que los crmenes cometidos deban ser sometidos a la jurisdiccin ordinaria y no a la de los tribunales militares, pero ignorando las recomendaciones de la Comisin, el Senado decidi por mayora terminar con las investigaciones y pasar los expedientes al fuero militar para que fueran juzgados. Como consecuencia de ello el senador Valle Riestra renunci a la presidencia de la Comisin. Los responsables de los hechos terminaran luego bsicamente impunes. Sigue el caso del Fronton que sucedi el 17 de junio de 1986, Alan Garca en la cspide de su popularidad reciba a delegaciones de todo el mundo que venan a participar, por primera vez en Lima, en un Congreso de la Internacional Socialista. Aprovechando esta circunstancia, presos senderistas de Lurigancho, El Frontn y Santa Brbara tomaron rehenes, se apoderaron de sus pabellones y anunciaron su decisin de no rendirse, hasta obtener la plena satisfaccin de sus demandas. A las cuatro horas de haberse tomado al primer rehn, el Presidente Garca convoc una reunin del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, en la que participaron los jefes de las instituciones militares. All se tom la decisin de entregar al Comando Conjunto el control de los penales en procura de establecerla calma lo ms rpido posible. En la crcel de mujeres la Guardia Republicana recuper el control del penal relativamente rpido. Demolieron una pared y lanzaron gases lacrimgenos y paralizantes. En dos horas los rehenes fueron liberados quedando dos internas muertas. Mientras tanto, en El Frontn, el viceministro del Interior Agustn Mantilla anunciaba que la isla se encontraba bajo el control del Comando Conjunto, afirmando que haba sido declarada zona militar restringida. El director del penal, el juez y el fiscal dejaron finalmente sentada su protesta por la presencia de los marinos, a quienes negaron autorizacin para actuar dentro del penal, declarando que no se responsabilizaban por los resultados de esta intervencin. Luego la marina atac militarmente el Pabelln Azul usando armas de guerra y luego con la ayuda de un helicptero echaron abajo las paredes. Murieron 3 miembros de las Fuerzas Armadas, uno de los rehenes y 135 prisioneros. A Lurigancho lleg el escuadrn Llapan Atic de la Guardia Republicana que coloc explosivos alrededor de la pared exterior del Pabelln Industrial donde los senderistas tenan al rehn. A las tres de la maana. despus del ataque con fusiles y granadas, los senderistas se rindieron. Horas ms tarde los 124 senderistas que ocupaban el edificio estaban muertos; haban sido asesinados, uno a uno, de un tiro en la nuca. El escndalo nacional e internacional frente a este crimen mltiple fue enorme. El presidente Garca visit tardamente, el lugar de los sucesos y haciendo uso de su acostumbrada elocuencia, dijo que frente a stos slo caban dos posibilidades: "o se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo". En los das o meses siguientes nada significativo se hizo por determinar lo sucedido y sancionar a los responsables. Slo un ao despus se logr que empezara a actuar una Comisin Investigadora del Congreso y que se le encargara la presidencia al senador opositor Rolando Ames. La Comisin realiz un amplio, riguroso y severo proceso de investigacin de lo sucedido, lo que permiti una reconstruccin de los hechos verdaderamente detallada y escrupulosa. El Informe Ames -que qued al final en ajustada minora por las maniobras del APRA- encontr que hubo imprevisin en la actuacin del gobierno, as como desgobierno en los penales, permitido por el entonces Ministro de Justicia, Luis Gonzles Posada. Se demostr que la informacin proporcionada al pas era distorsionada y dirigida a magnificar los hechos. Igualmente se prob que las autoridades gubernamentales ?principalmente a travs de la actuacin del viceministro Mantilla y los mandos militares- impidieron y limitaron ilegalmente la actuacin de las autoridades judiciales y del Ministerio Pblico. Encontr, asimismo, que el gobierno dio rdenes que trajeron como consecuencia un injustificable nmero de muertes. Ello, cuando el Presidente pidi debelar los motines en el plazo ms breve y perentorio, sin existir ninguna razn que obligara a actuar con excesiva premura. Se estableci, por otro lado, que la fuerza militar utilizada en el ataque a los amotinados fue desproporcionada e innecesaria en relacin al peligro realmente existente. Slo en el caso de El Frontn los internos tenan tres armas de fuego fuego, en los otros dos penales carecan de ellas. En cambio las fuerzas encargadas de reducir a los internos utilizaron fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, bazucas, caones de 81 milmetros, explosivo plstico y dinamita. El Informe confirm que las fuerzas encargadas del debelamiento realizaron ejecuciones extrajudiciales. En Lurigancho se fusil con un disparo en la nuca a un nmero superior a 90 internos ya rendidos. En el Frontn, la Marina vol el Pabelln Azul a sabiendas que en su interior se encontraban an internos con vida. Otro aspecto grave que consigna el Informe Ames, es que se pretendi encubrir los delitos realizados por las fuerzas del orden durante las acciones de debelamiento de los motines. El propio presidente Garca conoci inmediatamente el nmero de vctimas; sin embargo en lugar de ordenar en ese momento la investigacin de esos hechos, felicit al Comando Conjunto de la Fuerza Armada; asimismo prohibi el ingreso de los jueces y civiles, declarando 'zonas militares restringidas' a los penales. La denuncia sobre lo sucedido, hecha luego de los sucesos por el Presidente se refiri exclusivamente al caso de Lurigancho, pese a que se conocan ya los hechos ocurridos en los otros penales. El Informe Ames atribua responsabilidades al Presidente y al Consejo de Ministros, a los oficiales encargados de las operaciones de debelamiento, al personal militar y policial que particip en ellas, al Fiscal de la Nacin, Csar Elejalde, a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y al viceministro del Interior. El Informe propuso al Congreso se aplique el antejuicio constitucional a los ministros y a Alan Garca, al finalizar su mandato. Sin embargo prim la impunidad. La Corte Suprema argument que por tratarse de hechos ocurridos en el marco de una zona militar restringida tena que inhibirse de ver la causa y decidi su traslado a la jurisdiccin militar. El caso de El Frontn fue sobresedo por uno de esos tribunales, al no encontrar responsabilidad alguna en lo sucedido. En el caso de Lurigancho slo se encontr responsabilidad en dos oficiales subalternos de la Guardia Republicana, absolvindose a los dems acusados. No slo eso, sino que el Senado ascendera tiempo despus al General Jos Rabanal Portilla, Jefe Militar encargado de debelar el motn de Lurigancho, al ms alto rango del escalafn militar. El crculo de impunidad se cierra en noviembre de 1990, ya durante el rgimen de Fujimori, cuando la Cmara de Diputados con una precaria mayora conformada por el APRA y el movimiento Cambio 90 obtuvo 80 votos contra y 75 a favor de la acusacin constitucional contra Alan Garca. En el debate se hizo evidente que exista un acuerdo poltico para exculpar al ex-presidente. Segn fuentes de prensa de la poca una delegacin del APRA encabezada por su secretario general, Luis Alva Castro, fue hasta en 3 oportunidades en Palacio de Gobierno y pasada la medianoche a reunirse con Fujimori. Por ello sin mas palabras la condena a Fujimori es solo un paso para que la impunidad de todos los genocidas no quede impune, sigue Alan Garca y sus ministros. Juan Esteban Yupanqui Villalobos http://juanestebanyupanqui.blogspot.comAbout the Author:
Escritor Poeta y docente creador de la corriente neo indigenista
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